Matt Eisenbrandt* y Katherine Gallagher**
Uruknet, 29 de octubre de 2013
IraqSolidaridad, 06 de noviembre de 2013
Traducido para Iraqsolidaridad por Beatriz Morales Bastos
Edición de IraqSolidaridad
“Dick Cheney, en su calidad de vicepresidente, fue un artífice clave de la política estadounidense que está al límite de constituir crímenes de guerra. Cuando llegue a Toronto, ¿los canadienses le ofreceremos un refugio seguro?”
En la foto George W. Bush con Dick Cheney, responsables de las políticas que muchos consideran crímenes de guerra.
El día de Halloween de este año Toronto recibirá al hombre que operó desde el “lado oscuro” de la política estadounidense. Dick Cheney, en su calidad de vicepresidente de Estados Unidos, fue el auténtico artífice de la respuesta posterior al 11 de septiembre donde destaca la bañera y otras formas de tortura, un programa global de detención secreta por el cual se encarcelaba durante años sin acusacións y la “entrega extraordinaria” por medio de la cual se enviaba a hombres inocentes, como Maher Arar, a países como Siria para ser torturados. Hoy su legado de “guerra sin fin” sigue en vigor.
Previamente Canadá jugó a ser quien pagaba la alta remuneración tanto de Dick Cheney como de su ex jefe, George W. Bush. Aunque ya no están en activo, ambos hombres saben que están a salvo de ser procesados no solo en Estados Unidos (donde el presidente Obama rápidamente estableció su preferencia de mirar “hacia adelante” y no hacia atrás), sino también en Canadá.
En septiembre de 2011 la aparición de Dick Cheney en una presentación de su libro en Vancuver, por la que se cobraban 500 dólares por persona por asistir, tuvo como resultado unas protestas en las que los manifestantes pedían que se prohibiera la presencia de Cheney o se le procesara como criminal de guerra. El año pasado, en lugar de volver a Canadá Cheney canceló su viaje a Toronto al considerar que era un país demasiado peligroso debido a la probabilidad de que hubiera manifestantes para darle la bienvenida. No está claro por qué Cheney se siente lo suficientemente seguro como para aventurarse a ir a Toronto en Halloween.
Bush también se encontró con cientos de manifestantes que pedían su detención cuando participó en un foro de negocios en Surrey, en la Columbia Británica, en octubre de 2011. Además, con el apoyo del Centro Canadiense para la Justicia Internacional (CCIJ en sus siglas en inglés) y el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR en sus siglas en inglés) con sede en Nueva York, cuatro hombres que fueron torturados en Guantánamo interpusieron contra Bush una acción judicial privada por tortura.
Los cuatro hombres (Hasán ben Attash, Sami al-Hajj, Mohammed Jan Tumani y Murat Kurnaz) acusaron a Bush de supervisar un programa de tortura en lugares como Afganistán, Iraq y Guantánamo, además de en muchas cárceles y “emplazamientos negros” de la CIA en todo el mundo. Como parte de este programa, estos hombres fueron golpeados, se les colgó de la pared o del techo, se les privó de sueño, comida y agua, y se les sometió a temperaturas extremas, entre otros actos de tortura que padecieron mientras permanecían bajo custodia estadounidense.
Canadá es signatario de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Según la Convención contra la Tortura, Canadá está obligado a investigar y a procesar a torturadores conocidos presentes en su territorio (o, siempre que sea posible, extraditarlos a otro lugar para que sean juzgados). Canadá ha incorporado esta obligación a su propio código penal. Los 64 folios de la acusación y las miles de páginas de material que la apoyan presentados por los cuatro hombres torturados demuestran claramente que estaba justificada la investigación (y el procesamiento) de Bush por tortura.
En vez de procesar a Bush, Canadá sacó a la Policía Montada de Canadá para facilitar su visita y, lo que es preocupante, veló porque el fiscal general de la Columbia Británica archivara inmediatamente el proceso contra Bush.
Canadá debería haber investigado estos crímenes
La violación por parte de Canadá de sus obligaciones para con la Concención contra la Tortura se convirtió en un problema en 2012 cuando este país se presentó ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que amonestó a Canadá para que “tomara las medidas necesarias con vistas a garantizar el ejercicio de la jurisdicción universal en personas responsables de actos de tortura, incluidos los perpetradores extranjeros temporalmente presentes en Canadá”.
Al mes siguiente, noviembre [2011] los cuatro hombres interpusieron ante el comité una queja contra Canadá por no haber investigado y procesado a Bush. El 29 de octubre, después de conseguir una prórroga, Canadá presentó finalmente su respuesta. Canadá no defendía que Bush gozara de inmunidad según la ley por ser ex jefe de Estado o que las acusaciones de tortura contra él fueran frívolas o estuvieran motivadas políticamente. La defensa de Canadá era que en la práctica no podría llevar a cabo ninguna investigación o procesamiento porque las autoridades no obtendrían la ayuda necesaria de su colaborador más cercano, Estados Unidos. Canadá mantenía que cualquier prueba “de tortura por parte del gobierno de Estados Unidos reside en su mayor parte en el propio centro del gobierno estadounidense y en ex altos cargos estadounidenses residentes en Estados Unidos”. El hecho de que Bush goce de un refugio seguro en Estados Unidos con el gobierno de Obama no puede ser razón suficiente para que Canadá abdique de sus propias responsabilidades, según la Convención, para impedir la impunidad.
En las semanas anteriores a la visita de Cheney grupos de derechos humanos han pedido a Canadá que respete sus obligaciones e investigue a Cheney por torturas y crímenes de guerra. Los miles de personas de todo el mundo que han padecido las torturas y las políticas de detención del gobierno Bush no merecen menos.
Con la visita de Dick Cheney en Halloween, Canadá tiene otra oportunidad de demostrar a los supervivientes de la tortura y al mundo que no servirá de refugio seguro para los torturadores.
*Matt Eisenbrandt es coordinador legal del Centro Canadiense para la Justicia Internacional y **Katherine Gallagher es la abogada principal del Centro para los Derechos Constitucionales.
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