Más penas de muerte en Iraq

Nota informativa de la CEOSI

3 de septiembre de 2012

El gobierno iraquí ha retomado las ejecuciones de condenados a muerte después de que el ajusticiamiento de varios grupos de condenados en los primeros dos meses del año levantase una ola de protestas de las organizaciones de derechos humanos iraquíes e internacionales.

El pasado 27 de agosto, el abogado Badie Aaref Ezzat denunciaba la vuelta a las ejecuciones masivas; ese mismo día fueron ejecutadas 21 personas, entre ellas tres mujeres. Según este abogado “[…] La mayoría de ellos presentaban distintos tipos de marcas por torturas físicas y psicológicas que se documentaron en informes médicos”. Distintas fuentes, entre ellas el propio Badie Aaref o el periódico Al Mustaqbal alertaron de la inminente ejecución de hasta 275 acusados. En un comunicado recogido por el periódico Al Sharq al Awsat el Ministerio de Justicia de Iraq anunciaba el 29 de agosto que “[…] La ejecución de cinco  civiles más condenados por terrorismo, por lo que el total de civiles ejecutados entre ayer y hoy asciende a 26”. Al mismo tiempo negó que se fuese a llevar a cabo la denunciada ejecución masiva de más de 200 condenados. En lo que va de año, contando estas últimas 26 personas ajusticiadas, el número de muertos en la horca en Iraq asciende a 96.

Estas ejecuciones han provocado que la comisión de Derechos Humanos del parlamento iraquí se reuniese para buscar mayores garantías para los condenados, e incluso, según declaraciones del diputado Ashuaq al Yaf, miembro de esta comisión, al diario Al Mustaqbal: “[…] Se está estudiando cómo detener las ejecuciones de forma definitiva y convertirlas en condenas en suspenso”. El propio Ministerio de Derechos Humanos del gobierno iraquí se ha apresurado a defender en un comunicado que Iraq aplica los mismos protocolos internacionales para las ejecuciones que el resto del mundo.

Las denuncias ante estas ejecuciones no se han hecho esperar. En el interior, un comunicado la Asociación de Ulemas Musulmanes en Iraq acusa al gobierno de ejecutar a “[…] detenidos que no han tenido la oportunidad de un juicio justo en el que hayan podido defenderse”. En el exterior Amnistía Internacional también ha publicado un comunicado de condena exigiendo que se ponga fin a las ejecuciones. Christof Heyns, relator especial de naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, ha urgido al gobierno iraquí a detener las ejecuciones y revisar los casos de los reos que están en el corredor de la muerte. Heyns defiende que la pena capital solo se puede aplicar en países donde “[…] Se cumplan todos los requerimientos procesales”. Advirtió al gobierno iraquí de que: “Las ejecuciones arbitrarias, incluso cometidas tras una cortina de humo de un proceso legal que carece de legalidad, no es solo una cuestión de preocupación nacional […] Irak debe tener en cuenta que la comunidad internacional se opondrá a esta continúa violación flagrante de la legalidad aplicable a la protección del derecho a la vida”.

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